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Cataluña aplica nuevas medidas para favorecer la formación y el empleo

La Generalitat ha aprobado una serie de medidas para favorecer el empleo. De un mes a esta parte ha creado diez oficinas para la aplicación de itinerarios personalizados de colocación laboral, y destinará 22,5 millones de euros para sufragar programa

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Cataluña aplica nuevas medidas para favorecer la formación y el empleo

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha habilitado diez oficinas para poner en marcha un sistema de itinerarios de orientación profesional personalizados que ofrecerán atención directa a desempleados a partir del mes de septiembre. Josep María Rañé, consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, ha explicado que el SOC debe ser un organismo cuya finalidad sea ayudar a encontrar trabajo a las personas que quieran trabajar, mejorar las condiciones laborales de las personas empleadas, así como la calidad de los empleos, razón principal del problema del mercado laboral catalán, según el consejero.


 


Asimismo, la Generalitat destinará 22,5 millones de euros a programas de formación ocupacional. Rañé ha explicado que hay muchos casos de empresas que “no encuentran personas formadas” para los puestos que ofertan, por lo que el SOC debe ser “el único instrumento público de intermediación en Catalunya” y el “referente de todas las actuaciones en materia ocupacional”. Casi 3 millones financiarán las 64 actividades formativas organizadas por la Fundación Privada Inform (conjunto de ayuntamientos catalanes). Será a través de un método de simulación empresarial en el que participarán 1.000 trabajadores en situación de desempleo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).


 


Por otro lado, se destinarán 19,7 millones a facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral. De ahí, 12,7 millones serán para formar a 1200 alumnos menores de 25 años y con un nivel bajo de formación en el proyecto que ha desarrollado la Consellería de Educación en el marco del programa de las casas de oficios. El resto, 7 millones, irán destinados a la subvención de programas de Garantía Social durante los años 2005 y 2006. Estos programas benefician a 2.000 alumnos de más de 16 años que no han podido completar la educación secundaria obligatoria con acciones formativas que quieren promocionar una formación básica y profesional.


 


Con respecto al sector textil, el gobierno catalán dedicará 700.000 euros a ayudas para la formación de los trabajadores afectados por la suspensión temporal de contratos en este sector. A lo largo de este año, podrán realizar cursos con el fin de mejorar su formación adaptada a los nuevos procesos productivos. La Consellería de Trabajo e Industria compensará con unos complementos entre 230 y 330 euros mensuales –según los sueldos de la empresa- a aquellos que realicen estas acciones formativas.


 


En materia de contratación de centros externos que colaboran con el SOC para la formación y ocupación, Joseph María Rañé ha recordado que el actual Gobierno catalán "heredó" una deuda de 177,5 millones de euros de la anterior administración autonómica, de los que 33,88 millones no se han abonado "a la espera de que justifiquen" las acciones realizadas. "Si no lo hacen, no lo pagaremos", añadió.


 


Al respecto se ha pronunciado la oposición. CiU y PP han criticado el tono “triunfalista” con el que Rañé se pronunció en la exposición sobre la situación laboral de Cataluña. Elena Ribera, diputada de CiU, comparó la actitud de Rañé con la de “Alicia en el País de las Maravillas” y recordó que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que Cataluña se sitúa a la cola de las comunidades autónomas en materia de creación de empleo.


 


Más críticas


 


Más de 30 entidades han denunciado recientemente que el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) ha emitido una circular en la que restringen el acceso a la formación ocupacional de inmigrantes con autorización de trabajo. Aseguran, además, que el gobierno catalán deriva a la administración estatal las demandas interpuestas por lo que, de esta manera, “se complican los trámites”. Las asociaciones aseguran en un comunicado que esta medida de exclusión “dificulta que las personas que cuentan con una autorización de residencia puedan insertarse laboralmente y ser económicamente independientes al no poder acceder a una formación cualificada cada vez más demandada por el mercado laboral”.


 


Algunas de las entidades que han denunciado este hecho son: SOS Racismo, Comisiones Obreras, Cáritas, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y el servicio municipal de ocupación del ayuntamiento de Cerdanyola (Barcelona), entre otras.


 


 


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Más información:


 


Generalitat


 


Servei d'Ocupació de Catalunya


 


Fundación Privada Inform


 


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