El Gobierno ha anunciado el retraso de la entrada en vigor de la decisión de incluir a los alumnos que realicen prácticas formativas o externas en el Sistema de la Seguridad Social hasta el 1 de enero de 2024, tal y como pedían los rectores.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado al respecto que, como los alumnos suelen hacer sus prácticas en el segundo o tercer trimestre, “la nueva fecha no afectará negativamente a los alumnos. Y permitirá, además, facilitar los trabajos técnicos de adaptación de los centros formativos”, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno asegura que la medida, que permite la inclusión de los estudiantes desde el primer momento de su vida profesional, “es muy relevante y será a coste cero”, ya que prevé bonificaciones del 95% al 97%. Además, destaca que se ha ampliado de 2 a 5 años los convenios especiales para poder computar como cotizados periodos de prácticas realizadas con anterioridad.
Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha señalado que esta prórroga de tres meses de la entrada en vigor, «no pone en cuestión el fondo del asunto, sino que permite que se puedan aplicar directamente». Asimismo, Subirats ha indicado que se va a bonificar en un 97% la parte de cotización a la Seguridad Social con lo cual el impacto económico «no será grave».
Opinión de sindicatos, rectores y estudiantes
Por su parte, la decisión de retrasar la cotización de los becarios hasta enero de 2024 ha levantado las críticas de CCOO y UGT, que consideran que se ha producido “un incumplimiento de los compromisos básicos contraídos por el Gobierno con las personas jóvenes y ratificados por las Cortes Generales”. En este sentido, los sindicatos consideran que la moratoria supone “una cesión inaceptable a presiones de autoridades académicas y educativas que vienen intentando evitar este nuevo derecho por razones injustificables”.
Los rectores, por su parte, han agradecido la moratoria, que les permite “ganar tiempo para abordar una situación muy compleja que pone en riesgo la realización de una completa formación de nuestros estudiantes”. Además, advierten que, aunque se establece que la obligación de la cotización recae en la empresa, “las universidades se están viendo abocadas a asumir la cotización de las mal llamadas prácticas no remuneradas para garantizar que los universitarios puedan graduarse”.
De igual manera, piden que se desarrolle una plataforma informática para realizar con agilidad la carga de datos y se dote de los recursos humanos necesarios para gestionar altas, bajas y el control de los días de prácticas.
Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha señalado que “este emplazamiento podría suponer que las prácticas nunca lleguen a ser cotizadas en la Seguridad Social debido al posible cambio de gobierno”.