El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo. Su finalidad es doble: reducir el número máximo de alumnos por aula y establecer una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. Con ello se busca corregir desigualdades entre Comunidades Autónomas, mejorar las condiciones laborales del profesorado y garantizar una atención más personalizada al alumnado, señalan desde el propio Ministerio.
Ratios de alumnos
Así, la nueva norma recoge lo que la ratio por alumnos en las aulas será de la siguiente forma:
– En Primaria, el máximo de alumnos por aula pasa de 25 a 22.
– En ESO, se reduce de 30 a 25.
– En los centros sostenidos con fondos públicos, cada estudiante con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como dos plazas.
La reducción de ratios está respaldada por un «consenso general», afirma el Ministerio de Educación en un comunicado: favorece la atención individualizada, impulsa la educación inclusiva y la diversidad, y disminuye la carga laboral del profesorado, mejorando su bienestar.
Jornada lectiva del profesorado
Con respecto a la jornada lectiva de los docentes, la norma fija lo siguiente:
– 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial.
– 18 horas semanales en el resto de enseñanzas.
De forma excepcional, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional, explican desde Educación.
Calendario de aplicación
El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027.
Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente:
– En el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria
– En 2028/2029 en Secundaria
– En 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.
El anteproyecto continuará su recorrido parlamentario hasta convertirse en proyecto de Ley y ser remitido a las Cortes Generales. Durante este proceso se abrirá la negociación con organizaciones sindicales y Comunidades Autónomas.
Índice de vulnerabilidad socioeconómica
El Ministerio, en colaboración con el INE, está desarrollando un índice que permitirá identificar centros con especial complejidad, ya sea por el perfil del alumnado o por su ubicación. Este índice se basará en variables como el contexto socioeconómico del hogar y determinará el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.
La Ley prevé que, en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor, se pongan en marcha recursos específicos para apoyar a estos centros.
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El Consejo de Ministros y Ministras aprueba la modificación de la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza.
👉La ministra @Pilar_Alegria ha explicado que "el objetivo es mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.” pic.twitter.com/IevMHfUMKA
— La Moncloa (@desdelamoncloa) November 11, 2025