Los cambios que llegan a la universidad

La universidad está otra vez en el punto de mira. A la espera de que se pongan en práctica las medidas adoptadas por el Gobierno, la Enseñanza Superior se someterá a revisión por una comisión de expertos. Y eso es algo con lo que la gran mayoría de actores educativos está de acuerdo. Sin embargo, la comunidad universitaria reclama diálogo, mientras que otros actores sociales apuntan a un cambio paralelo en el tejido productivo para contrarrestar las altas cifras de paro entre la población joven.

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Estudiantes-grado-INEEl Real Decreto para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo ha sido un golpe que la comunidad educativa temía desde la llegada del nuevo Gobierno. Y ante la batería de medidas dirigidas a la Educación Universitaria, alumnos, profesores y las propias universidades están que echan las muelas. El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz, según el Ministerio responsable del área. Sin embargo, los efectos a pie de calle son un encarecimiento de la enseñanza superior pública, una poda al número de títulos y centros universitarios y el aumento de la carga docente para aquellos profesores cuya actividad investigadora no se mantenga activa. [Ver cursos de Economía]
 
Una semana antes de hacer público el Real Decreto con las medidas mencionadas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunciaba la creación de una comisión de expertos con la tarea de arrojar luz sobre el sistema universitario español y proceder a su reforma.
 
La Federaciónde Enseñanza de UGT ha cuestionado el porqué no se ha acudido a los cauces establecidos en el marco de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), como es el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria o la Mesa Sectorial de Universidades. “La política universitaria viene definida por el marco de la LOU. Lo que nos ha sorprendido es que se haya saltado todos estos marcos establecidos para encargarse de la política universitaria”, argumenta Pilar Chamorro, secretaria federal de Universidades, Ciencia y Tecnología del sindicato.
 
Asimismo, rectores, sindicatos y profesores también se quejan de la falta de diálogo y negociación que ha mostrado el Ejecutivo (sólo se reunieron con Wert después del anuncio del RD). Nadie se opone a la revisión o la reforma, pero critican las formas, y sobre todo la falta de diálogo impuesto por el Gobierno. María Victoria Vivancos, secretaria dela Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae), confiesa que las universidades se sienten agraviadas. “Somos conscientes de que hay que racionalizar el gasto público, pero para acometer acciones dentro de las universidades, lo normal es que se dialogue antes”. La Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE) también fue rotunda en un comunicado en el que rechazaba “el procedimiento” y “algunos de los argumentos defendidos por el Ministerio” sobre el rendimiento de profesores y alumnos. “Así no vamos a mejorar nuestro sistema universitario”, concluían.
 
Subida de tasas universitarias
 
Entre las críticas a Wert también se encuentra la de los estudiantes. A partir del curso que viene la parte de la matrícula que deberá asumir el alumno oscila entre un 15% y un 25% en la primera, y hasta un 75% y un 90% en la tercera y la cuarta del coste efectivo de las mismas. Hasta ahora el alumno pagaba el 15% del coste total que suponía su educación, con unas segundas, terceras y cuartas matriculas que ya eran más caras, pues su precio aumentaba progresivamente. Según María Vivancos, “si no se acompaña de un buen sistema de becas, esta subida puede repercutir muy mal sobre el acceso a la universidad pública. Y en los masters puede ser fatídico, pues estamos hablando de duplicar la matricula en estos casos, que se pondrán en 3.000 y  4.000 euros. Si no hay un buen número de becas, habrá muchas familias que no puedan asumir este gasto. ¿Y a aquellos alumnos que no lleguen las becas? “Deberán hacer un mayor esfuerzo”. El peligro es que estas medidas deriven en un descenso del número de titulados y en una pérdida de conocimiento. “Perderemos conocimientos y personas formadas, y no nos podemos permitir ese lujo”, afirma.
 
Mientras tanto las comunidades, en quienes descansa la facultad de aplicar lo incluido en el real decreto, que como tal es de obligado cumplimiento, van definiendo sus posiciones. Algunas, como Galicia y La Rioja han manifestado que no emplearán la horquilla que otorgó el ministerio. Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, confirman que se ha empezado a estudiar la forma de aplicación.
 
Revisión al mapa de titulaciones
 
Otro de los asuntos que ha hecho correr ríos de tinta es la posibilidad de que desaparezcan determinados títulos con escasa demanda. Concretamente, el Ministerio de Educación cifra en 50 el número mínimo de alumnos para que un título sea viable económicamente. Según la ANECA, todos los títulos universitarios deben tener una adecuada justificación sobre su pertinencia académica, su adecuación al nivel de estudios, y garantizar que se han consultado a colectivos de dentro y fuera (empleadores, colegios profesionales, centros de investigación), y que las conclusiones extraídas en esas consultas se han aplicado en el diseño del programa universitario.
 
Además, añaden desde la ANECA, las comunidades autónomas podrán añadir cualquier criterio adicional para la autorización de los títulos universitarios, entre los que puede estar un estudio sobre la demanda prevista de esos títulos o la empleabilidad de los egresados; en el caso de este último requisito, la empleabilidad, “las comunidades pueden establecerlo con la ponderación que estimen pertinente”, arguyen en la ANECA.
 
Sobre qué títulos pueden verse en la guillotina, la agencia remite a los datos de matrícula universitaria que están disponibles en el Ministerio de Educación, que a su vez deja en manos de las administraciones autonómicas la facultad para elegir, tras su estudio en colaboración con las universidades.
 
Sin embargo, el Ministerio hacía alusión en su nota de prensa a un excedente de enseñanza universitaria, que la CRUE cifró en el curso 2008/09 en más de un 13%. Y en el sobrante no sólo se incluyen títulos sino universidades y campus. “En la política de descentralización de las competencias en Educación, cada Comunidad Autónoma ha querido tener su universidad, y es más, la pugna ha sido incluso entre provincias. Y esto no se ha controlado”, explica Maroto.
 
A este respecto, la secretaria de Universidades de FETE-UGT, Pilar Chamorro opina que “pueden ser necesarios ajustes, o revisiones” en determinados aspectos, sin embargo, en su opinión cree que estas acciones van encaminadas a intentar un cambio hacia un modelo más centralizado. “Nos parece que se está poniendo en duda el modelo descentralizado, y preocupa la tendencia de ‘ahora llego y cambio todo”. María Vivancos apuesta por el estudio detallado de las titulaciones, y que se asegure que no existan agravios comparativos entre las comunidades.
 
Por su parte, Reyes Maroto, investigadora del área de Economía de la Fundación IDEAS, recuerda el número de profesores contratados, los títulos aprobados y las infraestructuras (edificios, campus, etc) que se acometieron para la creación de nuevas universidades: “Si no queremos perder la inversión en infraestructura que hemos hecho vamos a repensar el tipo de universidad que tenemos y asociarla al tipo de tejido productivo que queremos tener”. 
El subempleo y un nuevo tejido productivo
 
Un estudio de BBVA Research de Septiembre de 2011 pone de manifiesto la polarización que ha sufrido el nivel educativo de la población española. Esto ha provocado un desajuste entre la demanda de trabajo cualificado y la oferta, lo que ha provocado que los titulados universitarios experimenten tasas de desempleo elevadas en comparación con sus homólogos europeos, una incidencia del subempleo –o sobreeducación- significativa y una caída de la prima salarial de la educación. De hecho, el análisis sobre el Desempleo juvenil en España, revela que el porcentaje de universitarios empleados en ocupaciones que requieren una titulación menor ha sido superior al 30% desde comienzos de la década de los 90, el más elevado de la UE27 y diez puntos por encima que el promedio de la UE15.
 
Y es que el joven universitario titulado espera incorporarse a un mercado laboral que se asfixia desde mediados de 2007. “De acuerdo a los datos de la EPA del primer trimestre de 2012, el paro entre población universitaria estaría en tasas entorno al 36%”, recuerda Maroto.
 
El informe Education at a Glance 2011, que elabora la OCDE comparando el sistema educativo de 54 países, lo cifraba en el 20%; eran datos de 2009. “La tasa de paro universitario no está muy lejos de la de paro juvenil, lo que significa que se está produciendo un deterioro en el mercado laboral”, explican desde la Fundación IDEAS. Pero pese a que la situación es para todos difícil, parece que para el universitario dura menos: “El tiempo que pasa un profesional especializado en el paro siempre es menos que aquel que no posee cualificación”, afirma.
 
“La universidad sigue siendo la primera opción entre los estudiantes”, según Maroto. Sin embargo, en opinión de los especialistas consultados, la Universidad no es la única que debe someterse a una revisión. ¿A qué se va a dedicar la economía española ahora que el modelo de crecimiento apoyado en la construcción está agotado? Es una de las preguntas que se hizo, ya en el 2010, un grupo de investigadores vinculados a IDEAS, sobre por dónde debe ir encaminada una nueva economía. Energías renovables, Eco-industrias, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Biotecnología, Industria aeroespacial, Industrias culturales y Servicios sociales, en estos sectores, según el informe, es donde se van a encontrar principales fuentes de generación de empleos de calidad y de nuevos productos/servicios para la sociedad española. “Pero para el cambio es necesario un esfuerzo por parte de las Administraciones y un reajuste a las áreas productivas que tradicionalmente han sustentado la economía: el turismo, la construcción y los transportes”, matiza su portavoz.
 
Según los consultados, queda trabajo por hacer, pero no duda de la importancia de una Enseñanza Superior gratuita y de calidad. “El país no se puede permitir el lujo de no invertir en Educación”, afirma Vivancos. Esther Maroto la secunda: “Todo el capital humano que podamos tener en España y no tengamos que traer de fuera, mejor. Es necesario si queremos ser más productivos tenemos que tener capital humano. Y ¿qué capital humano necesitamos? Claramente, hay que adaptarlo al tipo de tejido productivo que queremos. La construcción no tiene margen para volver a crear todos los puestos de trabajo que ha destruido, los servicios hay que adaptarlos, hacerlos más sostenibles. No podemos depender de la hostelería y de que haga sol”.
 
 

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Más información:
 
Ministerio de Educación
 
CRUE
 
ANECA
 
Fundación IDEAS
 
Federación de Enseñanza de UGT

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